AAA. Ciudadanía, actores políticos y el país entero solicitan
de manera urgente consejeros electorales íntegros, inteligentes,
intachables y autónomos, que cumplan con todas y cada una
de las siguientes características que demanda una sociedad
que aspira a ser democrática y a transparentar todos y cada uno
de sus procesos electorales:
Sin compromisos partidistas de ninguna clase; con excelente manejo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y de Procedimientos Electorales; dueños de un amplio criterio para entender, interpretar y aplicar la ley electoral. Capaces de trabajar bajo presión en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ajenos al protagonismo, los reflectores y, en especial, a los escándalos mediáticos que afecten la imagen y el buen nombre de la institución. Concientes de que sus resoluciones no necesariamente son definitivas, que pueden ser modificadas o rechazadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Interesados en desarrollar sus tareas sustantivas en el ámbito de su competencia, sin recurrir a costosos e innecesarios desplegados de prensa, máxime cuando no existan acuerdos que emanen de una sesión ordinario o extraordinaria en el órgano electoral. Que tengan la pericia suficiente para actuar a tiempo con el objetivo de ser fieles al principio de certeza cada vez que los partidos políticos y sus abanderados presidenciales o aspirantes a otros cargos de elección popular, tengan dudas sobre lo que se puede o no hacer durante la intercampaña o veda electoral.
Hombres y mujeres abiertos a la crítica y el escrutinio público; que no politicen los proyectos y resoluciones del Consejo Electoral del IFE. Personalidades que amen a la institución, con una firme convicción democrática; que antepongan el interés común por encima de los intereses personales, mezquinos, materiales o inconfesables.
Especialistas en materia electoral, que eviten a toda costa que los comicios se contaminen, más cuando se trate de una de las elecciones presidenciables más reñidas que exigen un árbitro electoral imparcial, capaz de organizar la contienda y dar confianza a los mexicanos mayores de 18 años de que su voto cuenta y que será respetado. Funcionarios públicos que sepan atender las solicitudes de transparencia sobre sus salarios, prestaciones y manejo de los recursos que maneja la institución; que den respuesta puntual, en sesión pública y de cara a la nación, cuando los ciudadanos, los partidos políticos, candidatos o precandidatos e incluso la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión requieran información sobre actos de proselitismo y el derecho a la libertad de expresión.
Se solicita, en fin, y de manera urgente como arriba se especifica, de consejeros electorales que, bajo ninguna circunstancia, y menos cuando el destino de un país está en juego, se les acuse de débiles y confusos, cuando una de sus principales obligaciones es dar certeza en todo proceso electoral. De otra manera, el costo social y político será mayúsculo |