En pleno proceso electoral, el IFE se enreda
al interpretar la ley sobre las precampañas
e intercampañas, renunciando al principio
de certeza, lo que ha provocado los reclamos
de la CIRT y de diversos actores políticos
Por CÉSAR AGUILAR GARCÍA
No obstante que la legislación vigente señala de manera puntual que la intercampaña es un periodo de nula competencia electoral entre los precandidatos a puestos de elección popular y los partidos políticos, el Instituto Federal Electoral (IFE) continúa empeñado en alentar la incertidumbre al actuar con sesgos y torpeza en sus acuerdos y resoluciones. Por si eso no bastara, sus consejeros electorales ponen en riesgo el actual proceso electoral federal al no garantizar el principio de certeza al que están obligados. Cuando los mexicanos requieren y reclaman un árbitro electoral confiable, los consejeros electorales y su presidente, Leonardo Valdés Zurita, exhiben una vez más que reaccionan con torpeza frente a las naturales presiones que se presentan en un proceso comicial federal. Si bien no son responsables de la legislación electoral vigente, los desatinos en que incurrieron al retrasar la aclaración de las normas sobre actos anticipados de campaña de precandidatos, partidos o coaliciones, pone de manifiesto, una vez más, que prevalece la mala conducción en esta fundamental institución del incipiente sistema democrático. En pleno proceso electoral, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) exhibió las inconsistencias de sus interpretaciones de la ley del máximo órgano electoral, al igual que las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Lo anterior generó un nuevo conflicto entre el IFE y ese poderoso gremio, que en defensa de sus genuinos derechos, denuncia que los órganos electorales generan mayor confusión para los comunicadores. Los cuestionamientos a la indefinición del IFE respecto a la vigilia electoral también fue tema de Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, precandidatos presidenciales de PAN, PRI y los partidos de izquierda, respectivamente, llegando hasta el Poder Legislativo, donde el tricolor aseveró que el instituto está cayendo en los excesos.
Para Eduardo Huchim May, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, tal coyuntura es producto de la “falta de certeza” en el actual proceso electoral por la “torpeza” de Leonardo Valdéz y los consejeros del IFE, a quienes responsabiliza de venir “complicando las cosas”. “Esto tiene que ver con la debilidad de la autoridad electoral, que no sabe responder a presiones políticas. Es una autoridad muy arbitraria que a veces actúa de manera legal, y a veces es muy complaciente”, asevera por su parte el ex magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Pedro Rivas Monroy.
CLARAS INCONSISTENCIAS
Días antes de que entrará en vigor la veda de la competencia electoral —comprendida del 16 de febrero al 29 de marzo y que los propios consejeros del IFE conceptualizaron como intercampaña—, entre precandidatos, partidos políticos y aspirantes a puestos de elección popular, prevaleció la confusión y la incertidumbre, a la vez que coincidieron que el IFE actuó de manera “sesgada” y “confusa”. Al dejar de precisar o aclarar qué actividades sí y cuáles no están permitidas a los precandidatos presidenciales u otros cargos, el órgano electoral abonó a la incertidumbre y a que entre los actores políticos se siga dudando de las interpretaciones de la ley de los consejeros y su presidente, esto ante el antecedente de las inconsistencias en sus resoluciones. Basta mencionar la anulación de la elección de presidente municipal de Morelia, Michoacán, que ganó el aspirante del PRI, y que apenas el 9 de febrero el Consejo General del IFE admitió que “fue un error” su resolución, pues debieron de haber anulado también la elección para gobernador si sus criterios y resoluciones hubieran sido uniformes.
RECLAMAN CERTEZA
Si bien se conoce que siempre se opusieron a los términos de la ley electoral vigente, la cúpula de los concesionarios de la radio y televisión salieron en defensa de sus legítimos intereses en la semana que recién concluyó, no sin puntualizar que temen de la discrecionalidad de las resoluciones del IFE y del TEPJF. En un desplegado público la CIRT denunció que en pleno proceso electoral y tan sólo a unos meses de la elección presidencial, la reforma electoral vulnera la libertad de expresión y ataca la actividad periodística. Para el gremio, existe la amenaza de que cualquier ejercicio periodístico, ya sea de reportaje, debate, entrevista o transmisión, sea juzgado por la autoridad y probablemente sancionado por ilegal. Por ello y “ante la gravedad de los hechos”, la CIRT anunció la presentación de denuncias ante organismos internacionales para defender “la libertad de información de los mexicanos y la libre expresión de todos los comunicadores de la radiodifusión mexicana”.
“Es una incertidumbre en cuanto a la discrecionalidad de las eventuales resoluciones del IFE en algunos casos concretos. Inclusive relacionamos algunos casos muy puntuales de algunas resoluciones que se han dado ya con anterioridad y que, desde luego, generan una serie de incertidumbre en cuanto al criterio que se puede estar manejando”, manifestó en una entrevista radiofónica Efrén Huerta Rodríguez, tesorero de la Cámara. En suma, el temor de la CIRT se concentra en la inconsistencia de los criterios de resolución que ha venido tomando el IFE en los últimos meses; es decir, no es uniforme en un sentido u otro de un mismo texto legal. “Recientes decisiones tomadas por algunas autoridades electorales, lejos de dotar de reglas claras a los actores involucrados, han generado aún mayor confusión para medios y comunicadores de la radio y la televisión”, denunció en la prensa la CIRT. Ejemplificó cómo el TEPJF ordenó sancionar a una estación radial de Tabasco por hacer “más entrevistas” de las que “debió” haber hecho. Precisó que entrevistar una vez por semana se consideró propaganda electoral al ser “una serie de actos concatenados reiterados con la finalidad de posicionar a (un) posible precandidato”.
Del reciente proceso electoral en Michoacán, la CIRT recordó que el TEPJF ordenó al IFE iniciar “procedimiento especial sancionador” contra estaciones de radiodifusión por entrevistar a los candidatos del PRD y PRI a la gubernatura de Michoacán, al ser acusadas de “vender entrevistas”, aunque no haya prueba alguna de que eso sucediera. En ese caso, la CIRT fustigó que ahora a 21 estaciones y 46 comunicadores “se les aduce una probable participación” en actos indebidos. “El IFE, al intentar clarificar la realización o no de debates en la radiodifusión, publicó unas reglas que dejan en mayor incertidumbre a los medios de comunicación. Nos preguntamos: ¿Cómo se debe entender que los debates sólo se pueden hacer por un ejercicio periodístico genuino? ¿Quién califica ese concepto?”, subrayó el organismo cúpula de radio y televisión.
MAL ÁRBITRO
Aún con eso, inexplicablemente los consejeros del árbitro electoral se mantuvieron en la indefinición de la intercampaña, hasta que de manera extraña y tras los exhortos de los precandidatos presidenciales y partidos políticos, utilizó también un desplegado público, pero sin que este haya sido acordado por el Consejo General; es decir, se publicó por “las pistolas” de Leonardo Valdéz, dice Eduard Huchim. Ante la presión de los concesionarios de los medios de comunicación electrónicos por la falta de claridad y sobrerregulación en la intercampaña, apenas el pasado lunes 13 el IFE repitió lo que está claro en la ley. El artículo 41 Constitucional decreta que “los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”.
Agrega que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influenciar en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de los partidos políticos o candidatos a puestos de elección popular. Además, el consejero electoral Lorenzo Córdoba afirmó que el desplegado de la CIRT tiene un tono “descontextualizado” porque la reforma electoral de 2007 no les gustó, pero les reconoció que tienen derecho a impugnarla. A su vez, Leonardo Valdéz dijo que gran parte de los criterios que el TEPJF ha construido en la interpretación de la norma electoral son producto de los recursos interpuestos por los concesionarios de la radio y televisión. En entrevista, Eduardo Huchim reconoce que la ley electoral es clara en el sentido que señala que en este periodo de intercampaña están prohibidos los actos de campaña, y la misma legislación especifica en qué consisten estos; empero, sostiene que en este caso el IFE “ha complicado las cosas”. “Hay claridad en la ley, lo que pasa es que hay intereses de grupos”, dice el ex consejero electoral del IEDF, quien considera que a pesar de que la ley electoral de 2007 tiene muchas virtudes, también es deficiente “porque impone restricciones al proselitismo de los candidatos que, naturalmente, al ser abanderados lo que quieren hacer es campaña, por lo que debe ser corregida a la brevedad”. De los consejeros del IFE, insiste que complican el proceso electoral federal ante las presiones de grupos de interés y partidos políticos.
“Reaccionan de manera poco adecuada, primero porque publican un desplegado que es un error, porque si se iba a someter al Consejo General del IFE un acuerdo, en todo caso el desplegado debió ser posterior porque iba a ser un elemento sustantivo de un acuerdo”. En efecto, la noche del miércoles 15 el Consejo General aprobó por unanimidad, en una sesión extraordinaria, el acuerdo que emite las normas reglamentarias sobre actos anticipados de campaña durante el actual proceso electoral. Huchim May reitera que “ahí las cosas las hizo mal el IFE”, pero eso no es porque la ley sea confusa o no sea clara, es porque cae en la provocación de la CIRT y “reaccionan de una forma torpe”. “Hay un déficit en la conducción por parte del consejero presidente, porque cómo publicas un desplegado que no ha sido consensado ni es fruto de un acuerdo como Consejo General; hay falta de certeza por lo torpe del IFE”, subraya.
A VECES SÍ, A VECES NO
A su vez, el ex magistrado del TEDF coincide que la ley electoral actual debe ser perfeccionada porque fue hecha de acuerdo a los intereses de los partidos políticos, pero puntualiza que lo que hace “a veces” nuestro máximo órgano electoral “es interpretar la norma cuando así conviene a ciertos intereses, y la deja de interpretar y la quiere cumplir de manera estricta cuando así conviene a los intereses de instituto”. Pedro Rivas, en entrevista, señala que las inconsistencias en la interpretación de la ley por parte de los consejeros electorales se ejemplifican en el primer acuerdo que se determinó con la llegada de los nuevos consejeros electorales, María Marván Laborde, Lorenzo Córdova Vianello y Sergio García Ramírez. “Como los partidos se van por la libre entonces el IFE tuvo que reaccionar de manera torpe, porque o cumples con la ley de manera estricta, o te vas a los acuerdos. Esto tiene que ver con la debilidad de la autoridad electoral; los partidos se dedicaron a debilitar al órgano electoral y ahora tenemos un árbitro que trata de reaccionar, pero que es muy débil ante la presión”, afirma contundente el ex magistrado electoral. Pedro Rivas manifiesta su extrañeza por la tardanza con que el IFE respondió a los exhortos de precandidatos presidenciales y actores políticos, cuando “la ley es clara y dice que los partidos y precandidatos deben de abstenerse de tener actividad política”. “No es papel de la autoridad electoral manejarse a través de desplegados, se maneja a través de resoluciones y acuerdos, ese es su ámbito de competencia, no tiene porqué hacer desplegados, no sabe responder a las presiones políticas y, obviamente, es una autoridad débil, no me cabe la menor duda”, remata. Al final, el Consejo General del órgano electoral federal avaló las normas sobre actos anticipados de campaña durante el actual proceso electoral, precisando que los partidos políticos no podrán exponer sus plataformas electorales por sí mismos o a través de sus precandidatos, los cuales no deberán promoverse con el objeto de llamar al voto en actos proselitistas. No pueden tener acceso a los tiempos del Estado en la radio y televisión, ya que estos tiempos serán exclusivamente para las autoridades electorales, además de celebrar o difundir debates entre precandidatos, candidatos, partidos políticos o coaliciones en la radio y la televisión.
Según el IFE, la libertad de expresión de los precandidatos y candidatos, así como el derecho de medios de comunicación para ejercer su labor periodística al realizar entrevistas, están salvaguardados en todo momento. De igual manera, señaló que los medios de comunicación pueden realizar entrevistas y difundir notas periodísticas sobre los partidos políticos y coaliciones, pero tienen prohibido, para ello, comercializar tiempos en radio y televisión. |
